DELITOS INFORMATICOS EN HUELVA

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Llama poderosamente la atención, el incremento anual de la criminalidad en internet en cualquier ámbito geográfico, y la escasa incidencia en la estadística oficial ofrecida por la Fiscalía General del Estado (FGE) para el año 2018.

Concretamente en Huelva durante el año 2018 y refiriéndonos a la citada estadística, la tipología delictiva con mayor incidencia fue: la pornografía infantil o con personas con discapacidad, (8 procedimientos incoados), seguidos de las estafas cometidas a través de las TICs, (5 procedimientos incoados) y al mismo nivel los delitos contra la libertad sexual a través de las TICs (5 procedimientos incoados). A nivel general podemos decir que el 75% de los delitos en internet son fraudes, un 15% delitos contras las personas (libertad, sexual, amenazas, etc) y el resto es variopinto, refiriéndose a ataques malware contra sistemas de empresas, y los tráficos ilícitos de personas, armas y drogas, estos últimos producidos en la Deep web.

Un dato curioso que sucede en los partidos judiciales de la provincia de Huelva y en otras demarcaciones judiciales, en relación a las estafas, por ejemplo la típica estafa vía wallapop, u otras app similares, son repartidas por turno ordinario en fiscalía y solos las grandes estafas o complejas son derivadas a los fiscales especialistas que en Huelva, también son fiscales de menores concretamente.

Este panorama nos lleva a reflexionar sobre este asunto llevándonos irremediablemente a recurrir a fin de obtener una explicación a la llamada cifra negra criminal y que se refiere al número o desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos porque no han sido denunciados por sus víctimas o porque no han sido descubiertos por el sistema (justicia o policía). Ésa es la “zona oscura de la criminalidad”.

Es cierto que la persecución de tales delitos conlleva en muchas ocasiones una complejidad que exige tanto a FFCC de seguridad, órganos judiciales y a otros operadores jurídicos como despachos de abogados, una especialización cada vez mayor. La clave en muchas ocasiones es actuar con premura sobre todo para asegurar las pruebas. La prueba tecnológica puede desaparecer como un azucarillo en un mundo digital como en el que vivimos, pero ello no nos puede llevar a los ciudadanos a pensar que todo está perdido y la impunidad absoluta de los ciberdelincuentes.

Internet se ha convertido en un entorno propicio para proferir delitos como las injurias, las calumnias, etc. También para propagar falsedades. Un terreno en el que el derecho al honor “colinda” con la libertad de expresión. Debemos decir en este punto que, aunque las expresiones pueden dañar el honor o la intimidad de las personas a las que se hace referencia, éstas puede que no sean constitutivas de delito, y ello no significa que no haya nada que hacer, porque siempre queda la vía civil.

Igualmente llama la atención otro dato y es que, de las 17 personas acusadas, solo 6 resultaron condenadas en Huelva después de haberse seguido contra las mismas un procedimiento penal. Esto respalda la complejidad de las investigaciones por parte de jueces y fiscales. Y es que con un sistema de garantías tan profuso como el que afortunadamente tenemos en España, investigar delitos informáticos sin vulnerar derechos fundamentales a veces se convierte en una labor ciclópea y para especialistas.

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